MANIFIESTO DE LA COORDINADORA NACIONAL POR LOS DERECHOS DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD

La Coordinadora Nacional por los Derechos de la Persona con Discapacidad, se dirige al Dr. Pedro Pablo Kuczynski Godar - Presidente de la República; al Dr. Pedro Zavala Lombardi - Presidente del Consejo de Ministros; a los Congresistas de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad; a las Personas con Discapacidad y Familiares; y, a la Opinión Pública:

1.- La legislación en materia de Discapacidad y la creación de las instituciones encargadas de atender las necesidades y derechos de la población con Discapacidad, han sido aprobadas siempre por iniciativa de las Organizaciones de Personas con Discapacidad. Sin embargo, por lo general los que han tenido la responsabilidad de estos asuntos, son personas que no acreditan conocimiento y experiencia en estos temas. Lo que ha traído como resultado que según la Encuesta Especializada sobre Discapacidad realizada en el año 2012, revele que el 23% de la población con Discapacidad no tenga nivel educativo, que el 40% tenga solamente educación primaria y que el 43% no sepan leer ni escribir; que el 88% no puede acceder a los servicios de rehabilitación y el 40% no cuente con seguro de salud; que solamente el 5% tenga un empleo digno y que el 77% de la población no constituye PEA; que el 51% son mayores de 65 años y solamente el 7% cuente con un certificado de Discapacidad. Cifras que demuestran que las políticas y programas en materia de discapacidad que hasta ahora se vienen implementando no pudieron solucionar las graves condiciones de discriminación y exclusión social que afectan seriamente sus derechos.

2.- La situación de Caos y Crisis que vive el Consejo Nacional para la

Integración de la Persona con Discapacidad – CONADIS, se evidencia por la indiferencia de sus autoridades para avanzar en la Implementación de la Ley 29973 Ley General de la Persona con Discapacidad, proceso que se encuentra paralizado desde hace cerca de cuatro años. Priorizando en cambio, la contratación direccionada de personajes advenedizos que encontraron en la discapacidad la solución a sus problemas de empleo, pero que no tuvieron la capacidad para resolver los graves problemas que afectan los derechos de la población más vulnerable de la sociedad.

3.- Hasta ahora, las autoridades del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, han puesto en evidencia un gran desinterés, guardando silencio ante las denuncias de presuntos actos de corrupción e indicios de irregularidades tales como convocatorias a concursos públicos direccionados, adquisiciones cuestionadas, contrataciones de terceros de manera escandalosa, consultorías fraguadas,  más de tres mil sillas de ruedas quemadas en los almacenes del MIMP, despido de  servidores con Discapacidad, que nunca recibieron atención ni respuesta.

4.- La inversión del 7% del presupuesto del conadis para la gestión de sus 25 oficinas regionales, el destino de más del 70% de sus recursos para pagar sueldos de una burocracia que en su mayoría fue contratada en el último año, ha traído como consecuencia que, en los primeros nueve meses, solamente se haya gestionado el 55% de su presupuesto, calamitosa gestión que al parecer no le preocupa al viceministro de poblaciones vulnerables y actual presidente encargado del CONADIS Econ. Mario Ríos Espinosa, quien junto al asesor en materia de discapacidad Sr. Gian Carlos Contreras Salazar, vienen implementando acciones para impedir la movilización de las personas con discapacidad del día 21 de octubre para exigir el respeto de sus derechos.

5.- Que, el estado invierte alrededor de seis mil millones de soles en programas sociales, destinados a promover la inclusión social de los sectores más desfavorecidos y discriminados del país. Pero resulta que por lo general estos programas no llegan a las personas con discapacidad, debido a que su estructura y requisitos no responden a sus condiciones y necesidades especiales.

6.- Que, si bien es cierto la Ley del Presupuesto público cada año autoriza a los gobiernos regionales y municipalidades, la inversión  del 1% de su presupuesto institucional, para obras de accesibilidad, programas y actividades para la atención de las personas con discapacidad, no menos cierto es también que estas disposiciones no se llegan a cumplir, frente a la incapacidad de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad y el CONADIS, para fiscalizar su cumplimiento conforme lo dispone la ley del presupuesto público.

7.- Otro tanto sucede con los recursos del CONADIS que por Ley debiera recibir de las utilidades provenientes de los juegos de lotería, destinados para proyectos de asistencia social para personas con discapacidad, los que a partir de la vigencia de la Ley 29973 Ley General de la Persona con Discapacidad según las remesas recibidas hasta el año 2012, deberían ascender a más de ocho millones de soles que desde entonces no los viene percibiendo.

POR LO EXPUESTO, LA COORDINADORA NACIONAL POR LOS DERECHOS DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD DEMANDA:

1.- La declaratoria de emergencia de la problemática de las Personas con Discapacidad que demanda cambios urgentes y estructurales para su tratamiento.

2.- Designar una Comisión ad hoc integrada por profesionales y técnicos que acrediten conocimiento y experiencia en materia de Discapacidad, propuestos por las Organizaciones de personas con Discapacidad sin hacer distinción de color político. Comisión ad hoc, encargada de evaluar, el funcionamiento de las entidades del Estado que han tenido a su cargo la responsabilidad de dirigir las políticas y programas sobre discapacidad y proponer los correctivos correspondientes y formular las propuestas para revertir las malas condiciones sociales que sufren las Personas con Discapacidad.

3.- El Aseguramiento Universal de la población con discapacidad, meta que debe cumplirse en el plazo de cinco años. Así como la descentralización de los servicios de rehabilitación y salud mental, cuyas instituciones especializadas se encuentran concentradas en la capital del País. Asimismo, disponer en un plazo perentorio la adecuación de las certificaciones de Discapacidad a los nuevos parámetros establecidos por el Clasificador Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y la Salud (CIF), aprobado por la Organización Mundial de la Salud en el año 2001.

4.- Una Remuneración mínima vital para la Pensión no Contributiva y el otorgamiento a las familias del bono por costo de discapacidad. Porque no es posible la existencia de una gran inequidad en estos beneficios, pues mientras que a la Pensión 65 se asigna más de 800 millones de soles para más de medio millón de beneficiarios, a la Pensión no Contributiva de Personas con Discapacidad solamente se asigne seis millones de soles para atender potencialmente a más de 600 mil Personas que necesitan asistencia Personal para sus actividades de la vida diaria.

5.- La creación del Programa Nacional para la promoción al Desarrollo y la Protección Social de la Persona con Discapacidad y su Familia.

6.- La aprobación del Modelo de Educación Especializada para Personas con Discapacidad Sensorial, que brinde los servicios educativos en sus tres niveles en el Sistema Braille y Lengua de Señas. Así como la creación en la estructura orgánica del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC), la creación de la Jefatura encargada del otorgamiento de becas Para Personas con Discapacidad.

7.- Creación del Programa Nacional de vivienda Inclusiva para Personas con Discapacidad con la asignación de bono del 50% del valor de la vivienda.

8.- Reposición de los trabajadores con Discapacidad despedidos del sector Público desde la vigencia de la Ley 29973 Ley General de la persona con Discapacidad y garantizar la continuidad en el trabajo de los servidores con discapacidad mediante su incorporación en los regímenes laborales 276, 728, CAS y SERVIR según corresponda.

9.- La creación del Programa Nacional para mejorar las Oportunidades Laborales de las Personas con Discapacidad y sus familiares.

10.- El otorgamiento de subvenciones Económicas para el fortalecimieto de las Organizaciones de las Personas con discapacidad de carácter nacional, regional y local, según lo dispuesto en el artículo 29 de la Convención. 

Lima, Octubre del 2016