La Coordinadora Nacional por los Derechos de la Persona con
Discapacidad, se dirige al Dr. Pedro Pablo Kuczynski Godar - Presidente de la
República; al Dr. Pedro Zavala Lombardi - Presidente del Consejo de Ministros;
a los Congresistas de la Comisión de Inclusión Social y Personas con
Discapacidad; a las Personas con Discapacidad y Familiares; y, a la Opinión
Pública:
1.- La legislación en materia de Discapacidad y la creación de las
instituciones encargadas de atender las necesidades y derechos de la población
con Discapacidad, han sido aprobadas siempre por iniciativa de las
Organizaciones de Personas con Discapacidad. Sin embargo, por lo general los
que han tenido la responsabilidad de estos asuntos, son personas que no
acreditan conocimiento y experiencia en estos temas. Lo que ha traído como
resultado que según la Encuesta Especializada sobre Discapacidad realizada en
el año 2012, revele que el 23% de la población con Discapacidad no tenga nivel
educativo, que el 40% tenga solamente educación primaria y que el 43% no sepan
leer ni escribir; que el 88% no puede acceder a los servicios de rehabilitación
y el 40% no cuente con seguro de salud; que solamente el 5% tenga un empleo
digno y que el 77% de la población no constituye PEA; que el 51% son mayores de
65 años y solamente el 7% cuente con un certificado de Discapacidad. Cifras que
demuestran que las políticas y programas en materia de discapacidad que hasta
ahora se vienen implementando no pudieron solucionar las graves condiciones de
discriminación y exclusión social que afectan seriamente sus derechos.
2.- La situación de Caos y Crisis que vive el Consejo Nacional para la
Integración de la Persona con Discapacidad – CONADIS, se evidencia por
la indiferencia de sus autoridades para avanzar en la Implementación de la Ley
29973 Ley General de la Persona con Discapacidad, proceso que se encuentra
paralizado desde hace cerca de cuatro años. Priorizando en cambio, la
contratación direccionada de personajes advenedizos que encontraron en la
discapacidad la solución a sus problemas de empleo, pero que no tuvieron la
capacidad para resolver los graves problemas que afectan los derechos de la
población más vulnerable de la sociedad.
3.- Hasta ahora, las
autoridades del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, han puesto en
evidencia un gran desinterés, guardando silencio ante las denuncias de
presuntos actos de corrupción e indicios de irregularidades tales como
convocatorias a concursos públicos direccionados, adquisiciones cuestionadas,
contrataciones de terceros de manera escandalosa, consultorías fraguadas,
más de tres mil sillas de ruedas quemadas en los almacenes del MIMP,
despido de servidores con Discapacidad, que nunca recibieron atención ni
respuesta.
4.- La inversión del 7% del presupuesto del
conadis para la gestión de sus 25 oficinas regionales, el destino de más del
70% de sus recursos para pagar sueldos de una burocracia que en su mayoría fue
contratada en el último año, ha traído como consecuencia que, en los primeros
nueve meses, solamente se haya gestionado el 55% de su
presupuesto, calamitosa gestión que al parecer no le preocupa al
viceministro de poblaciones vulnerables y actual presidente encargado del
CONADIS Econ. Mario Ríos Espinosa, quien junto al asesor en materia de
discapacidad Sr. Gian Carlos Contreras Salazar, vienen implementando acciones
para impedir la movilización de las personas con discapacidad del día 21 de
octubre para exigir el respeto de sus derechos.
5.- Que, el estado invierte alrededor de seis mil millones de soles en
programas sociales, destinados a promover la inclusión social de los sectores más
desfavorecidos y discriminados del país. Pero resulta que por lo general estos
programas no llegan a las personas con discapacidad, debido a que su estructura
y requisitos no responden a sus condiciones y necesidades especiales.
6.- Que, si bien es cierto la Ley del
Presupuesto público cada año autoriza a los gobiernos regionales y
municipalidades, la inversión del 1% de su presupuesto institucional,
para obras de accesibilidad, programas y actividades para la atención de las
personas con discapacidad, no menos cierto es también que estas disposiciones
no se llegan a cumplir, frente a la incapacidad de la Comisión de Inclusión
Social y Personas con Discapacidad y el CONADIS, para fiscalizar su
cumplimiento conforme lo dispone la ley del presupuesto público.
7.- Otro tanto sucede con los recursos del CONADIS que por Ley debiera
recibir de las utilidades provenientes de los juegos de lotería, destinados
para proyectos de asistencia social para personas con discapacidad, los que a
partir de la vigencia de la Ley 29973 Ley General de la Persona con
Discapacidad según las remesas recibidas hasta el año 2012, deberían ascender a
más de ocho millones de soles que desde entonces no los viene percibiendo.
POR LO EXPUESTO, LA COORDINADORA NACIONAL POR LOS DERECHOS DE LA PERSONA
CON DISCAPACIDAD DEMANDA:
1.- La declaratoria de emergencia de la problemática de las Personas
con Discapacidad que demanda cambios urgentes y estructurales para su
tratamiento.
2.- Designar una Comisión ad hoc integrada por profesionales y
técnicos que acrediten conocimiento y experiencia en materia de Discapacidad,
propuestos por las Organizaciones de personas con Discapacidad sin hacer
distinción de color político. Comisión ad hoc, encargada de evaluar, el
funcionamiento de las entidades del Estado que han tenido a su cargo la
responsabilidad de dirigir las políticas y programas sobre discapacidad y
proponer los correctivos correspondientes y formular las propuestas para
revertir las malas condiciones sociales que sufren las Personas con
Discapacidad.
3.- El Aseguramiento Universal de la población con discapacidad, meta
que debe cumplirse en el plazo de cinco años. Así como la descentralización de
los servicios de rehabilitación y salud mental, cuyas instituciones especializadas
se encuentran concentradas en la capital del País. Asimismo, disponer en un
plazo perentorio la adecuación de las certificaciones de Discapacidad a los
nuevos parámetros establecidos por el Clasificador Internacional del
Funcionamiento, de la Discapacidad y la Salud (CIF), aprobado por la
Organización Mundial de la Salud en el año 2001.
4.- Una Remuneración mínima vital para la Pensión no Contributiva y el
otorgamiento a las familias del bono por costo de discapacidad. Porque no es
posible la existencia de una gran inequidad en estos beneficios, pues mientras
que a la Pensión 65 se asigna más de 800 millones de soles para más de medio
millón de beneficiarios, a la Pensión no Contributiva de Personas con
Discapacidad solamente se asigne seis millones de soles para atender
potencialmente a más de 600 mil Personas que necesitan asistencia Personal para
sus actividades de la vida diaria.
5.- La creación del Programa Nacional para la promoción al Desarrollo
y la Protección Social de la Persona con Discapacidad y su Familia.
6.- La aprobación del Modelo de Educación Especializada para Personas
con Discapacidad Sensorial, que brinde los servicios educativos en sus tres
niveles en el Sistema Braille y Lengua de Señas. Así como la creación en la
estructura orgánica del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo
(PRONABEC), la creación de la Jefatura encargada del otorgamiento de becas Para
Personas con Discapacidad.
7.- Creación del Programa Nacional de vivienda Inclusiva para Personas
con Discapacidad con la asignación de bono del 50% del valor de la vivienda.
8.- Reposición de los trabajadores con Discapacidad despedidos del
sector Público desde la vigencia de la Ley 29973 Ley General de la persona con
Discapacidad y garantizar la continuidad en el trabajo de los servidores con
discapacidad mediante su incorporación en los regímenes laborales 276, 728, CAS
y SERVIR según corresponda.
9.- La creación del Programa Nacional para mejorar las Oportunidades
Laborales de las Personas con Discapacidad y sus familiares.
10.- El otorgamiento de subvenciones Económicas para el fortalecimieto
de las Organizaciones de las Personas con discapacidad de carácter nacional,
regional y local, según lo dispuesto en el artículo 29 de la Convención.
Lima, Octubre del 2016
